Reforma antilavado en pausa: Senado aplaza cambios a la LFPIORPI
En el marco del periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, se tenía prevista la discusión de un dictamen clave para el sector financiero y empresarial: La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como al Código Penal Federal, cuyo objetivo central es fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo; sin embargo, el tema fue retirado de la orden del día del martes 25 de junio de 2025, a fin de darle una “última revisión”, según informaron legisladores.
Revisión de último minuto
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró en entrevista que la mayoría legislativa determinó posponer el análisis del dictamen. Si bien no precisó los puntos que motivaron la revisión, señaló que se trata de un tema “importantísimo” que requiere una coordinación internacional rigurosa.
“Estamos combatiendo al crimen organizado que trasciende las fronteras. Y ahí se encontró alguna situación para revisar. No voy a entrar en mayor detalle”, puntualizó.
De acuerdo con el senador, la iniciativa será retomada más adelante en este mismo periodo extraordinario, que concluye el próximo 2 de julio, y se estima que se logren aprobar al menos 15 reformas legales durante ese lapso, incluyendo otras como la Ley Nacional para eliminar Trámites Burocráticos, que sí fue discutida ese día.
Oposición
Durante los trabajos preparatorios, integrantes de la oposición expresaron preocupaciones sobre el alcance de las facultades que la reforma podría conceder a autoridades como la Guardia Nacional. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de privacidad, propiedad y secreto bancario, así como al principio de presunción de inocencia.
Por su parte, la legisladora “priísta” Carolina Viggiano advirtió que se estaría planteando facultar a la Guardia Nacional para investigar delitos financieros sin la intervención del Ministerio Público ni supervisión judicial, lo que, según su postura, constituiría un riesgo para las garantías procesales de los ciudadanos.
