PRODECON se pronuncia sobre rechazo sistemático de devoluciones automáticas

En días recientes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) publicó el Análisis Sistémico 02/2025, en el cual se examinan diversas inconsistencias detectadas en el proceso de devolución automática de saldos a favor gestionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De forma puntual, el análisis revela que el rechazo de dichas solicitudes no solo se debe a errores imputables al sistema automatizado (SAD), sino también a requerimientos excesivos, no vinculados directamente con las causas del rechazo, y que afectan desproporcionadamente a los contribuyentes, especialmente aquellos del régimen de sueldos y salarios.


Problemática central identificada por PRODECON
De acuerdo con el documento, la principal afectación radica en que el SAT:

    1. Rechaza devoluciones automáticas por inconsistencias menores o no justificadas.
    2. Solicita documentación irrelevante o que ya obra en poder de la autoridad fiscal.
    3. Exige cumplimiento de obligaciones no aplicables, en especial a contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad.
    4. Impone barreras tecnológicas, al presentar el buzón tributario fallas que imposibilitan la carga del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).


Requerimientos cuestionables por parte del SAT
Entre los ejemplos destacados por la PRODECON se encuentran:

    • Papeles de trabajo sobre integración de ingresos y retenciones, exigidos a asalariados que no están legalmente obligados a elaborarlos.
    • Documentos precargados, como facturas, comprobantes de retenciones y deducciones personales, solicitados pese a que ya están en la base de datos del SAT.
    • Requerimientos desvinculados del rechazo, como integración de ingresos en casos donde la inconsistencia detectada se refiere a deducciones personales.

Estas prácticas no solo representan una carga administrativa innecesaria, sino que desnaturalizan el propósito del sistema de devolución automática, cuyo objetivo es la simplificación del trámite.

Fundamentos legales transgredidos
De acuerdo con el análisis de la PRODECON la autoridad transgrede las siguientes disposiciones jurídicas.

  1. Artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR): Este precepto establece que los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios no están obligados a llevar contabilidad, lo que contradice las exigencias documentales impuestas por el SAT.
  2. Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025: Esta disposición otorga a los contribuyentes la facilidad de presentar solicitudes de devolución y solventar inconsistencias mediante el buzón tributario. Las fallas técnicas recurrentes impiden el ejercicio efectivo de esta facilidad administrativa.
  3. Principio de seguridad jurídica: Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis “SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE”, este principio exige certeza en la norma aplicable y prohibición de excesos por parte de la autoridad fiscal. Los rechazos y requerimientos injustificados constituyen, en los hechos, un acto arbitrario y desproporcionado.

Consecuencias para los contribuyentes
La situación expuesta genera múltiples efectos negativos:

    • Incertidumbre jurídica, al no estar claramente definidos los motivos del rechazo ni los medios para subsanarlos.
    • Retrasos económicos, por la imposibilidad de acceder a recursos fiscales a los que tienen derecho.
    • Carga litigiosa adicional, obligando a los contribuyentes a recurrir a medios de defensa para obtener una devolución legítima.
    • Desconfianza institucional, al frustrarse la promesa de simplificación administrativa a través de herramientas digitales.


Recomendaciones de PRODECON
Para resolver este problema estructural, la Procuraduría propone dos líneas de acción:

  1. Revisión de la lógica del SAD (Sistema Automatizado de Devoluciones): Reconociendo que se trata de un sistema automatizado, se debe considerar que sus respuestas con efectos negativos constituyen en los hechos una negativa de devolución. Por tanto, se recomienda que la autoridad revise los criterios de validación y permita la devolución cuando los requerimientos no se ajustan a la situación fiscal del contribuyente.
  2. Mejoras al funcionamiento del buzón tributario: Se sugiere asegurar su operatividad continua y permitir que los contribuyentes anexen escritos libres explicando por qué algunos de los requerimientos no aplican a su caso. Esto permitiría una evaluación más justa de las solicitudes de devolución.