Exención de IVA de actos de donatarias autorizadas: Constitucional

A través de un comunicado de prensa con folio 013/2023, fechado el 18 de enero de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informa que ha determinado que la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los actos realizados por donatarias autorizadas es constitucional.


De acuerdo con el comunicado, el juzgador ha estimado que dicha exención no viola los principios de progresividad de la ley, ni confianza legítima, toda vez que no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema tributario permanezca inmodificable o estático.


Señala, además, que el IVA no gravan directamente el movimiento de riqueza que corresponde a la operación sino que atienden al patrimonio que la soporta, de manera que el legislador considera que, si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo, también lo es para pagar el impuesto; por lo que la circunstancia de que los contribuyentes exentos no puedan acreditar el impuesto que les fue trasladado no desatiende su capacidad contributiva, en tanto que, tratándose de este tipo de operaciones, la manifestación de riqueza queda evidenciada en la medida en que se realiza el gasto respectivo.


También considera el juzgador que la medida respeta el Principio de Equidad Tributaria, ya que al ser exentos los actos y actividades que realizarán las donatarias autorizadas ya no trasladarían el impuesto a los destinatarios de los mismos, con lo que buscó beneficiar a dichos sujetos.


Si bien es cierto que la exención beneficia a los consumidores de los productos o servicios de las donatarias, también lo es que la afectación que se buscaba subsanar para las donatarias, era que el IVA de sus gastos no fuera un gasto que no pudiera recuperarse como sí lo puede hacer cualquier otro contribuyente del IVA, pues al encontrarse exentas del IVA, se ven en la imposibilidad de acreditar/recuperar el IVA de sus gastos, lo que representa un costo financiero 16% más caro que para otras sociedades que no se encuentran exentas, y, dada la naturaleza de estas asociaciones, no parece lógico que se les castigue con este costo.


En cualquier caso, la decisión de la Primera Sala de la Corte ya ha sido tomada, y las donatarias autorizadas deberán considera el IVA de sus deducciones como un gasto deducible, sin recuperación.


A continuación, se reproduce el comunicado.


No. 013/2023


Ciudad de México, a 18 de enero de 2023

LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR DONATARIAS AUTORIZADAS, ES CONSTITUCIONAL: PRIMERA SALA


La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo indirecto promovido por una asociación civil sin fines de lucro dedicada a apoyar niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en contra de los artículos 9, fracción X, 15, fracción VII y 20, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al estimar que resultaban contrarios a los principios de razonabilidad legislativa, confianza legítima, proporcionalidad y equidad tributarias, así como interés superior del menor. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, decisión que fue revocada por el Tribunal Colegiado, quien remitió el asunto a la Suprema Corte.


En su fallo, la Primera Sala consideró que los preceptos reclamados que prevén un régimen de exención determinado para las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuesto sobre la renta, tienen una finalidad constitucionalmente válida y cumplen con los requisitos de razonabilidad pues el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, decidió liberar del impuesto a aquellas instituciones, sociedades o asociaciones cuyos fines son de carácter social o colectivo. Lo anterior, para evitarles contingencias económicas que impidan su operación, así como para proteger y promover los intereses altruistas y de asistencia social de dichas instituciones.


También se determinó que dicha exención no viola los principios de progresividad de la ley, ni confianza legítima, toda vez que no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema tributario permanezca inmodificable o estático.


En otro aspecto, el Alto Tribunal resolvió que los preceptos reclamados son acordes al principio de proporcionalidad tributaria, pues los impuestos indirectos, como lo es el impuesto al valor agregado no gravan directamente el movimiento de riqueza que corresponde a la operación sino que atienden al patrimonio que la soporta, de manera que el legislador considera que si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo, también lo es para pagar el impuesto; por lo que la circunstancia de que los contribuyentes exentos no puedan acreditar el impuesto que les fue trasladado no desatiende su capacidad contributiva, en tanto que, tratándose de este tipo de operaciones, la manifestación de riqueza queda evidenciada en la medida en que se realiza el gasto respectivo.


Asimismo, la Sala determinó que los artículos analizados son acordes al principio de equidad tributaria, toda vez que la distinción prevista en éstos persigue fines constitucionalmente admisibles y es objetiva y razonable, ya que el creador de la norma tomó en cuenta que al ser exentos los actos y actividades que realizarán las donatarias autorizadas ya no trasladarían el impuesto a los destinatarios de los mismos, con lo que buscó beneficiar a dichos sujetos.


A partir de estas razones, la Sala confirmó la sentencia y negó la protección constitucional solicitada.


Amparo en revisión 461/2021. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Resuelto en sesión de 18 de enero de 2023, por unanimidad de votos.


Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.